Propuesta para Agenda Ambiental frente al cambio presidencial en México

Es necesario pensar que con un presupuesto federal escaso (y no se diga estatal) con respecto al medio ambiente, se debe trabajar en lo esencial, lo primario y que pueda ser motivo de cambio y avance.

Earthgonomic México, Asociación Civil enfocada en el fomento de la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico; en conjunto con el Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas (IICCB) y medios de Comunicación Ambiental, firmaron una declaración respecto a su visión de política ambiental de cara a las próximas elecciones para Presidente en el país.

En dicho documento señalan  que “Crecimiento económico con sustentabilidad” no solo es un discurso repetitivo, sino una realidad que se debe llevar a cabo y para eso se deben implementar medidas que hagan de esto una realidad. Esto implica la inversión de presupuestos para temas ambientales  que no solo fomente el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas; también trae consigo la generación de empleos, y la sustentabilidad y armonía con el medio ambiente.

En dicho comunicado se resaltan puntos importantes a implementar y mejorar, tales como:

Cambio climático. Se debe buscar la manera de reducir gases y emisiones que fomentan el efecto invernadero, haciendo que las industrias busquen alternativas para hacer este cambio posible. Aunado a esto, es necesaria la implementación y utilización de recursos renovables como la energía eólica y solar.

La supervisión de la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, en materia de contaminantes y control de residuos, debe recaer en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)  y a una Subprocuraduría en PROFEPA, su vigilancia y regulación.

Biodiversidad. Es fundamental tomar medidas de conservación de los ecosistemas como lo son: parar la deforestación de bosques y selvas; la expansión de la frontera agropecuaria sobre áreas forestales, ayudando a los dueños a utilizar sus tierras de manera sustentable; participar activamente ante la pérdida de especies y ecosistemas, creando una comunión entre sistemas ecológicos y población.

Ampliar considerablemente la superficie de Áreas Naturales Protegidas, pero con plan de manejo incluido, fortaleciendo técnica y presupuestalmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de implementar medidas que incluyan incentivos y participación pública y privada en la creación de nuevas opciones productivas que permitan generar, empleo e ingreso para estas regiones y por supuesto sus habitantes.

Agua.  Crear una política hídrica que limite la extracción de agua a la capacidad de renovación de los sistemas hídricos y distribuya el excedente para el consumo humano primero y después para el uso productivo.

La nueva legislación debe incluir concepto de uso ambiental, observando cómo el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema que se trate.

Legislación e inspección. Se debe avanzar en el trabajo legislativo en materia ambiental, para tener un marco jurídico eficiente y justo. Puntualmente se debe trabajar en la Ley de Biodiversidad, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la creación del Reglamento de Riesgo Ambiental, con su actualización de listados de actividades y sustancias consideradas como riesgosas, de la creación de prestadores de servicio acreditados por la autoridad ambiental, para elaborar los diferentes estudios que permitan prevenir, mitigar y compensar riesgos e impactos al capital natural, además de trabajar en un esquema de auditoría ambiental obligatoria para todas las actividades industriales con incentivos fiscales.

Uso de suelo, desarrollo inmobiliario sustentable y movilidad. Se debe garantizar una articulación del crecimiento urbano de forma armónica al Programa de Ordenamiento Ecológico vinculante, teniendo una supervisión y cumplimiento de los usos de suelo estipulados en el Ordenamiento y/o en los programas de desarrollo urbano, además de establecer esquemas de coordinación metropolitana respecto de temas ambientales, bajo un esquema de responsabilidad ambiental.

 

 

Por: Karen Valencia 

Reportera

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