Colaboración de Valente Quintana Pineda
En la actualidad atravesamos por un importante problema económico nacional, tal vez no alarmante según los mandos en la materia financiera, pero desde un punto de vista analítico, el problema de la falta de inversión privada en todos los sectores de la industria, es referente de la incertidumbre en la seguridad jurídica que afecta a todos los sectores.
En nuestro país el 85% de la población económicamente activa depende directamente de la pequeña y mediana empresa; más adelante nos enfocaremos en específico a este sector, al decir que no es sencillo operar desde el punto de vista normativo ninguna unidad económica de producción de esta naturaleza.
Razón por la cual, es urgente no tanto legislar ciertos rubros, sino al contrario, establecer una simplificación jurídica en todas las materias del derecho aplicables a la empresa para poder constituir y operar un negocio a la brevedad, una vez tomada la decisión de confiar en el país e invertir capital para el fomento de su economía, al mismo tiempo generar empleos de calidad.
Nos encontramos recurrentemente en el sector empresarial con la posición ideológica de que es sumamente complicada la posibilidad de establecer un negocio en el territorio nacional; debido al espinoso camino burocrático a seguir por un empresario al momento de iniciar cualquier idea de actividad económica.
Conviene añadir el sinnúmero de trámites legales derivados de las múltiples legislaciones estatales y federales a cumplir, agravándose en mayor o menor proporción de acuerdo con el giro u objeto social que se le pretenda dar al negocio.
Si tratamos de hacer el recuento de cuántas legislaciones existen en el país, y de ellas, cuáles se deben cumplir al operar un negocio, nos encontraremos un panorama sumamente enredado de realizar para el empresario común.
Aún ajeno al tema regulatorio jurídico existente en el territorio nacional, encontramos diversas leyes de carácter federal que deberemos cumplir para operar legalmente; entre ellas, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en un inicio, con el objetivo de constituir una persona moral, al analizar que tipo de figura jurídica es la más conveniente para nuestros propósitos, así como la responsabilidad asumida ante cada una de ellas.