Agua, la guerra por la propiedad y el consumo
17 abril 2015
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Sección: Legales

An abstract form of water drop bubblesMás allá de las posiciones políticas, científicas, académicas o personales respecto a la nueva ley, lo cierto es que nuestro país vive una severa crisis de agua.

Sometida por los extremos ideológicos -garantizar el derecho al agua a 9 millones de  mexicanos, por un lado, e impulsar su privatización, haciendo prevalecer el bien económico por encima del bien cultural y social, por el otro-, la Ley General de Aguas amenaza con desatar una nueva crisis política en la víspera del  proceso electoral. Luego de sortear con éxito su discusión en Comisiones, donde fue aprobada por unanimidad,al inicio de la segunda semana de marzo, la  Junta de Coordinación Política decidió aplazar la discusión para su aprobación hasta nueva fecha. La  aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales ha abierto un debate que amenaza con salir a las calles, convertido en protesta.
Ley de Aguas Nacionales
Más que por su contenido , la nueva Ley es conocida por la polarización social y política que ha desatado. Sus promotores aseguran que con esta legislación, el Estado garantiza el derecho humano  al acceso del agua y sus servicios, así como su distribución, alcantarillado y tratamiento, además de establecer nuevos supuestos de delito que involucra la contaminación del sistema hídrico con multas superiores a los 3.5 millones de pesos, así como acciones penales o administrativas.
Al contrario, sus detractores señalan que se trata de una privatización disfrazada, ya que establece la apertura total a la empresa privada para que invierta en los sistemas de aguas mediante concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes. La Ley General de Aguas que se espera se discuta en el pleno en  las próximas semanas lleva en la “congeladora” más de dos años, y busca reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992 e incorporar el derecho al agua de 9 millones de mexicanos que aún no cuentan con el servicio de agua potable; además, advierte la necesidad de incorporar protocolos de emergencia en sequías e inundaciones.

Por: Aldro Álvarez Cruz
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