Durante años, la prevención de lavado de dinero fue entendida por organizaciones como una obligación documental: integrar expedientes, conservar identificaciones, presentar avisos y atender requerimientos. Esa lectura resulta hoy insuficiente. La evolución regulatoria, la sofisticación de las operaciones y la exigencia de identificar al beneficiario controlador han convertido el cumplimiento en una función vinculada con la ges tión de riesgos, el gobierno corporativo y la continuidad operativa.
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pública da el 16 de julio de 2025, reforzó las responsabilidades de quienes realizan Actividades Vulnerables.
El cambio no de be interpretarse como una suma aislada de requisitos, sino como una señal de fondo: las empresas necesitan conocer mejor a las personas con las que operan, comprender el pro pósito de sus transacciones, conservar evidencia suficiente y demostrar que sus controles funcionan. El cumplimiento deja así de agotarse en la presentación de un aviso y se convierte en un sistema permanente de prevención.
Este desafío alcanza a un universo más amplio que el sector financiero. La compraventa de inmuebles, la comercialización de vehículos, joyas, metales y obras de arte, servicios profesionales, las operaciones de fe pública, los préstamos y los activos virtuales generan obligaciones específicas. El riesgo radica en que muchas compañías se definen por su giro, pero no revisan la naturaleza, frecuencia o monto de sus operaciones.
Pueden cumplir en materia fiscal, laboral y societaria y, aún así, mantener una exposición regulatoria no identificada. No basta con disponer de un manual genérico; es necesario mapear productos, servicios, clientes, canales, montos, jurisdicciones y formas de pago para localizar los puntos de exposición. Cuando el área encargada opera aislada, la organización pierde capacidad para detectar cambios relevantes.
Por: Francisco Soler
Country Manager de Regcheq México
