Uno de los principales compromisos del actual gobierno se basa en combate a la ilegalidad y fraude fiscal, por lo que se han ejecutado diferentes acciones para exigir el pago de adeudos millonarios a grandes empresas, y en fechas recientes se observa que también se están ejecutando actos de fiscalización específicos a personas físicas. Se estima que el número de personas físicas que pagan impuestos asciende a 5.5 millones, es decir, tan solo el 16.18% de la población económicamente activa (PEA) de México, junto con el 27.5% de las personas morales, a pesar de que en nuestro país existen más de 34 millones de personas que conforman la PEA. Esta situación se relaciona con la poca cultura tributaria fiscal que existe en nuestro país, derivada de un círculo vicioso en el que se ven inmersos tanto los contribuyentes, que suelen buscar diferentes mecanismos para evitar pagar impuestos, como las autoridades fiscales, que buscan realizar el cobro de tributos a toda costa. Es correcto que se busque que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, pero ello debe hacerse respetando la ley
Actualmente el cobro de impuestos vía retención derivados de pagos por asimilados a salarios, presenta una importante problemática: las empresas que realizan un pago por asimilados están obligadas a retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, en muchos casos estas retenciones se ejecutan de forma indebida, ya que, a pesar de entregar los respectivos comprobantes de retención a las personas físicas, lo cierto es que no siempre se efectúa el entero de estas al fisco federal.