Un gran sector de la población no ha experimentado un verdadero cambio, no ha percibido ninguna mejoría, al contrario, estima que la delincuencia aumentó.
México atravesó en los últimos doce años una serie de reformas constitucionales de gran calado, que dieron lugar a la transformación de sistemas y modelos de justicia, con principios replanteados y procedimientos novedosos. De un lado, el nuevo sistema de justicia penal que llegaba como la esperanza para abatir la incidencia delictiva y generar un estándar aceptable en los niveles de percepción ciudadana sobre (in)seguridad pública. Por otro lado, la consolidación del bloque de constitucionalidad, merced a la elevación de los derechos humanos a una categoría superior, protegibles no solo bajo el marco de la Constitución, sino también por los tratados internacionales y demás normas de derecho interno que hagan referencia a ellos.
Recientemente se cumplieron tres años de que se hizo vigente en todo el territorio nacional el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral (mal llamado adversarial), y es quizás oportuno realizar un balance de “cuentas pagadas y cuentas por pagar”.
Este espacio no alcanza para efectuar un análisis concienzudo sobre los puntos antes enlistados; sin embargo, podemos dejar sentadas algunas bases para su evaluación inicial. Por principio, parece que la cifra negra no pudo ser revertida en modo alguno, ya que según datos del INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2018), la cifra negra nacional del año previo fue del 93.2 %, mientras que la incidencia delictiva se disparó de modo alarmante en delitos como el robo a transeúnte y extorsión.
Las causas directas de esta situación son: larga espera, apenas para hacer la denuncia ante el Ministerio Público (segunda frustración o desincentivo después del delito), maltrato de las autoridades (revictimización), es casi imposible identificar y después localizar al delincuente para llevarlo a juicio, etcétera.
Visto así, un gran sector de la población no ha experimentado un verdadero cambio, no ha percibido ninguna mejoría, al contrario, estima que la delincuencia aumentó, incluso le llaman a este sistema la “puerta giratoria”, pues cuando un delincuente es detenido no tarda mucho tiempo en salir libre, sea porque el delito no es de prisión preventiva oficiosa o por defectos en la investigación a cargo de la policía o del órgano acusador.
Este balance se presenta todos los días, no es privativo de ninguna entidad federativa; la sociedad mexicana se enfrenta a esta realidad.
¿Qué hace falta entonces para dar ese gran paso que aún está pendiente?
Algunos opinan que falta mayor capacitación, pero no es del todo cierto; si algo hubo en el transcurso de la implementación del sistema fue eso ¿Se necesita de más personal en las Procuradurías y Fiscalías? Parece que sí. En todo el país falta invertir más en capital humano bien pagado y altamente sensible en su delicada labor. Se requiere también de una verdadera política anticriminal, que contemple la prevención con acciones transversales bien planeadas y evaluadas, así como uniformidad y validez científica en los criterios judiciales, porque uno se enfrenta a serias discrepancias de interpretación legislativa.
En nuestro país hay profesionales y técnicos de reconocida experiencia para ser incorporados en la consolidación de nuestro Estado Democrático de Derecho, cuyo termómetro principal es la justicia penal. Para lograrlo hay que tomar las cosas en serio y dejar de actuar solo por “práctica cotidiana” (lo que se vaya presentado). Una de las fallas primordiales es la falta de planeación y evaluación del sistema, siendo la procuración de justicia uno de los componentes principales. Es urgente dejar de actuar “por bomberazo” y por presión social. Existen mecanismos de operación institucional estratégica que se han dejado de lado hasta llegar al olvido. Hay importantes empresas consultoras que se dedican a generar depuración de procesos internos para hacer más efectiva y eficiente la prestación del servicio.
Algo que está cayendo en el olvido es el sistema de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. El nuevo modelo lo que menos pretende son juicios orales, sino, más bien, lograr la reparación del daño mediante instrumentos ágiles como la mediación.
Por: Said Escudero Irra, Senior Partner en Escudero Irra & Asociados, S.C.
