Cuando uno piensa en infraestructura es muy fácil imaginar autopistas, vías férreas, aeropuertos, puentes u otras obras de gran magnitud. Vienen a la mente construcciones que conectan ciudades, países o temas generalmente asociados con el transporte.
En mi caso, pensar en esas construcciones posiblemente obedece a mi ocupación profesional, pero creo que cuando pensamos en infraestructura nos hace falta hablar más de la infraestructura que hace funcionar a las ciudades. La infraestructura puede hacernos conectar con el empleo, educación, oportunidades, pero también puede dividir a las comunidades y concentrar los efectos adversos en ciertas zonas de las ciudades.
La pandemia por Covid-19 que ha atravesado el mundo desde marzo del 2020, impactó en la estabilidad financiera de diversos sectores, empresas e incluso en las economías de los países.
Esta última situación, prevaleciente en muchas ciudades, es un síntoma que necesitamos atender para que la infraestructura sea efectivamente un catalizador de inclusión y justicia. Una serie de notas de prensa recientes, como las que están relacionadas con la escasez de agua en ciertas zonas del país y que se vienen repitiendo históricamente, me han hecho reflexionar que nos urge replantear la manera en la que seleccionamos las inversiones en infraestructura que se hacen en nuestro país.
Me parece algo absurdo que algunas ciudades o regiones del país estén demandando la construcción de nuevos aeropuertos, museos, o monumentos cuando ni siquiera se han atendido las necesidades más básicas de millones de personas. Por ejemplo, con el mismo tema de la escasez de agua, el INEGI dice que en el 2020 había 35,156,897 viviendas habita[1]das en México y que, de estas, 27,277,862 disponían de agua entubada dentro de la vivienda, sin indicar si el agua está disponible todos los días a todas horas.
La diferencia entre estas cifras nos dice que en México hay 7,879,035 hogares que no disponen de agua entubada dentro de la vivienda y, si consideramos que hay en promedio unas 3.5 personas en cada hogar, esto se traduce en que hay más de 27 millones de mexicanos que no tienen acceso al vital líquido dentro de su casa. Es decir, por lo menos uno de cada cinco mexicanos no tiene agua entubada en su casa.
Esto sin contar todos aquellos ciudadanos que, de acuerdo con la estadística, sí disponen de agua entubada dentro de su vivienda, pero el servicio es esporádico o muy irregular. Esta reflexión me lleva a pensar que todos los presupuestos (federales, estatales y municipales) deben replantearse para darle prioridad a la calidad de vida de la mayor cantidad posible de personas. Habría que reconocer que lo que ya se hace es bueno, pero puede mejorar significativamente porque los resultados tangibles son malos, ya que hace falta equidad en la asignación de recursos para las obras de infraestructura. Aclarando que esto solamente se hace de manera más o menos transparente, pero no necesariamente justa a nivel federal.
Por: Enrique Prieto Flores
Director General, Key Capital, SAPI de C.V. Ingeniería y Finanzas
