El desarrollo de la infraestructura pública en México se encuentra en un punto de inflexión que exige una mentalidad renovada y pragmática. Históricamente, el debate solía entramparse en oponer lo público frente a lo privado, pero la realidad actual nos demuestra que las necesidades de conectividad, energía y bienestar del país superan la capacidad operativa y financiera de un solo actor. Hoy, la agenda impulsada por la visión del Plan México, parte de una premisa innegable: la colaboración estructurada es el único camino viable.
Es aquí donde la figura de la inversión mixta abandona el terreno de la teoría para posicionarse como el gran catalizador del desarrollo nacional para esta década. Modelo probado en el mundo y en casa A nivel internacional, no estamos inventando el hilo negro. Esquemas similares han probado su eficacia durante décadas en países como Canadá, Australia y España. En estas naciones, los fondos institucionales y las grandes firmas participan activamente.
en la estructuración, construcción y mantenimiento de autopistas, hospitales y redes hídricas. En estos modelos, el capital privado aporta disciplina, innovación y eficiencia operativa, mientras que el Estado garantiza que las grandes obras cumplan una función social inalienable y se mantengan alineadas con el interés público.
En México, ya contamos con pruebas tangibles de que este modelo funciona, y funciona muy bien. Los recientes proyectos de modernización y expansión en los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido son ejemplos brillantes de cómo la coinversión acelera la entrega de obras críticas para el turismo y la conectividad regional. De igual manera, ciertas asociaciones estratégicas impulsadas en proyectos de Pemex han demostrado que, cuando el sector público y el capital privado alinean sus objetivos y comparten riesgos de manera técnica, los resultados superan con creces a los modelos tradicionales de contratación.
Las nuevas reglas del juego
Para darle viabilidad a largo plazo a esta visión, nuestro marco legal acaba de dar un paso fundamental. El 9 de abril de 2026, se publicó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB), la cual entró en vigor al día siguiente. Es crucial entender que este nuevo instrumento no es una simple reedición de las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP).
Por el contrario, el nuevo modelo invierte la lógica. Bajo esta legislación, el Estado mantiene en todo momento la rectoría y la propiedad pública de la infraestructura; los activos generados o adquiridos durante el proyecto revierten obligatoriamente al Estado al término del con trato. El empresario privado, en cambio, participa como un socio estratégico o contratista con obligaciones medibles de inversión y desempeño. Este esquema abarca un abanico inmenso de sectores: comunicaciones, transportes, agua, energía, salud, parques industriales y tecnología, entre otros.
Por: Enrique Prieto Flores
Director General de Key Capital
