Es necesario un recorte de excesos en los gastos públicos, pero que ello no implique dejar sin herramientas o personal al propio Gobierno.

Uno de los grandes retos que se propuso la actual administración es el combate a la corrupción. Sin embargo, desde el 2016 en que se dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, teníamos siete leyes que se encargaban de resolver los temas relacionados con: Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, Fiscalización de las Cuentas Públicas, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Delitos y Judicialización. En este contexto aparece una nueva ley encargada de “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución”; es la llamada Ley de Austeridad Republicana recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre del 2019.
Esta Ley define a la Austeridad Republicana como: “Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por: Esp. Raúl Torres Jiménez,
Subrepresentante de Grupos para CANACO. Mentor Empresario por el INADEM, Dictaminador en INDESOL.