La naturaleza jurídica de los fideicomisos son contratos que se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que se les reconozca persona jurídica propia.

Como parte de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Mutua publicado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por medio del cual evaluaron al Estado Mexicano en su implementación de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI, así como el nivel de efectividad de nuestro sistema jurídico en la prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vieron obligadas a fortalecer su nivel de supervisión y a efectuar una mayor presencia como entidades gubernamentales de inteligencia en el combate del lavado de dinero en México.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por su parte el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. México forma parte de ambos Grupos.

Cumplir voluntariamente
Sin duda alguna en el último ejercicio fiscal la política del combate a la corrupción y al lavado de dinero determinaron gran parte de la agenda nacional. La UIF y el SAT, en el ámbito de sus competencias, ejercieron un papel protagónico en donde la primera incrementó considerablemente el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la segunda, implementó programas preventivos y de fortalecimiento al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) a través de los Programas de Auto regularización, los cuales permitieron a los sujetos obligados cumplir voluntariamente con dicho instrumento federal sin ser acreedores a multas

Por: Lic. Jesús Orta Aguilar

Socio fundador de la firma Orta Abogados, S.C.