Los años de estrechez presupuestal son el mejor momento para reparar el marco regulatorio del sector. El caso ferroviario, por el vencimiento de las concesiones, es el más urgente. Entre los servidores públicos circula una consigna que se repite casi como mantra: “más territorio y menos escritorio”. La frase celebra, con toda razón, al funcionario cercano al pueblo, al que recorre la obra, pisa el terreno y resuelve los problemas donde ocurren. Pero esconde una trampa, porque da a entender que el trabajo de gabinete leer, analizar y redactar normas es burocracia estéril. En el sector de la infraestructura, creer eso puede costar muy caro.
México vive un periodo de disciplina presupuestal. Los recursos públicos alcanzan, en lo esencial, para sacar adelante los proyectos prioritarios de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: el relanzamiento de los trenes de pasajeros, las obras hídricas estratégicas y un puñado de proyectos emblemáticos. La restricción es real. Sin embargo, con viene leerla también como una oportunidad, pues cuando no hay dinero para construir todo lo que se quisiera, sobra una materia prima que no consume ni concreto ni acero: tiempo para ordenar las reglas del juego. Los números del ejercicio en curso confirman el momento.
El Paquete Económico 2026, segundo de la actual administración, se diseñó bajo las premisas de austeridad republicana y consolidación fiscal: el gasto neto total se ajustó a la baja en cerca de 246 mil millones de pesos respecto al año previo, una reducción real de 2.6 por ciento.
La inversión pública, que durante buena parte de 2025 tocó sus niveles más bajos en años, se concentró en un núcleo de proyectos estratégicos encabezados por los trenes de pasajeros con más de cien mil millones de pesos para obras como el México-Querétaro, el AIFA-Pachuca o el Irapuato-Guadalajara, mientras el sector transporte resintió uno de los mayores re cortes.
El margen para seguir recortando es ya muy estrecho: el gobierno arranca el año con compromisos que absorben casi todos sus ingresos. En ese escenario, cada peso de inversión debe rendir al máximo y cada activo que ya pertenece a la Nación vale oro.
Regular cuesta poco y rinde mucho
La infraestructura no se agota en la obra física. Un puerto, un aeropuerto, una autopis ta, una vía férrea o una red de agua potable y alcantarillado son, ante todo, activos que la Nación entrega a operadores públicos o privados bajo reglas. Si esas reglas son claras, exigibles y están bien diseñadas, el mismo peso invertido rinde más: se atrae inversión con certidumbre, se reducen los costos logísticos, se protege el patrimonio público y se evita que el Estado tenga que rescatar mañana lo que se des cuidó hoy.
Mejorar un reglamento, actualizar una Norma Oficial Mexicana o cerrar un vacío le gal cuesta una fracción de lo que cuesta un kilómetro de carretera. Y, a diferencia de la obra, sus beneficios se multiplican a lo largo de todo el sistema y durante décadas. Por eso, los años de vacas flacas en el gasto de inversión deberían ser años de vacas gordas en el trabajo regulatorio. Es, precisamente, cuando el escritorio construye país. De todos los sectores ligados a la infraestructura, hay uno donde esta tarea no solo es conveniente, sino urgente: el ferroviario.
Por: Enrique Prieto Flores
Director General de Key Capital, SAPI de C.V. Ingeniería y Finanzas
