El Gobierno ha anunciado a través de la Estrategia Nacional de Hidrocarburos las líneas de acción que han sido plasmadas en las nuevas leyes secundarias, publicadas el pasado 18 de marzo. Un mensaje implícito de una Contrarreforma a la plateada en el 2013.
Resaltan los conceptos de soberanía y seguridad energética, que se materializan en el interés de fortalecer al Sistema Nacional de Refinación mediante inversión pública, que fortalezca la eficiencia operativa de PEMEX, para eventualmente lograr la denominada Autosuficiencia Energética a fin de que, entre otros propósitos, la producción de combustibles de PEMEX dé abasto a la demanda Nacional.
Adicional a lo anterior, resaltan los conceptos de Justicia Energética y Política de Precios. A ese respecto, la Ley del sector hidrocarburos, la Ley de la Comisión Nacional de Energía y la Ley de PEMEX, prevén los mecanismos para regular contraprestaciones, precios y tarifas que resulten aplicables en las actividades del sector, incluyendo la actividad de expendio, lo cual es una novedad respecto del régimen anterior.
Ello facilitará proveer a la población de combustibles de mejor calidad y al menor precio posible. De ahí el origen del Acuerdo entre el sector gasolinero y el Gobierno de la República para establecer de manera voluntaria un precio máximo de $24 pesos el litro de la gasolina regular, que se alinea a los objetivos públicos de proteger la economía de las familias. Se antoja que el Gobierno de la República promueva que esa medida prevalezca lo más posible en el tiempo; veremos si la situación geopolítica en el Oriente, u otras coyunturas lo permite.
A ese respecto, es importante comentar que, para lograr combustibles al menor precio posible, es necesario también, acompañar a la inversión pública, con mayor infraestructura en las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio, que permita reducir los costos logísticos, tarea que quedará en manos de la iniciativa privada.
Nueva institución
Si ello fuese así, que mejor oportunidad que el nacimiento de una nueva institución, la Comisión Nacional de Energía, que reconozca en sus manuales de procedimientos y de organización, una gestión administrativa que garantice certidumbre jurídica en la resolución de los trámites, de una manera transparente y eficaz; en otras palabras, es la mejor oportunidad de atender de manera inmediata las solicitudes de permisos y otros trámites pendientes de resolución por la extinta Comisión Reguladora de Energía, pues se requieren más permisos, que provean mayores y mejores instalaciones, a la vez que las nuevas solicitudes de permisos y diversos trámites, corran la misma suerte. Al momento, lo que se observa es una desinversión privada de los proyectos programados a partir de la abrogada Reforma Constitucional de 2013.
Por: Javier Govea Soria
Socio GMB Abogados
