Quienes participan en el despliegue de redes de telecomunicaciones conocen una paradoja frecuente: un proyecto puede contar con inversión, ingeniería, estudio de mercado, equipos y personal disponibles, pero permanecer detenido porque no existe claridad sobre el permiso aplicable, la autoridad competente o los documentos que deben presentarse.
En la práctica, los requisitos cambian entre entidades y municipios. En algunos casos se solicitan documentos que ya fueron entregados a otra dependencia; en otros, una misma obra recibe tratamientos distintos según la oficina que revise el expediente. También ocurre que no existen plazos claros, que las prevenciones se formulan por etapas o que los criterios técnicos no están publicados.
Estas diferencias no sólo generan trabajo administrativo. Pueden retrasar la construcción de una red, elevar sus costos o volver inviable el despliegue en localidades donde la recuperación de la inversión ya es limitada. El problema es especialmente sensible para los operadores regionales, que suelen llevar conectividad a zonas en las que los grandes proyectos no siempre encuentran condiciones comerciales suficientes
Un marco jurídico para coordinar, no para duplicar
El marco jurídico mexicano reconoce la importancia de atender estas barreras. La Constitución garantiza el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de tele comunicaciones, incluida la banda ancha e Internet. Desde 2025, también obliga a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar políticas de simplificación administrativa, digitalización y buenas prácticas regulatorias.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión considera de interés general y utilidad pública la instalación, el despliegue, la operación, el mantenimiento y el retiro de infraestructura destinada a las redes públicas de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, conserva la aplicación de las disposiciones locales en materias como desarrollo urbano, protección civil y uso de suelo.
Por ello, el desafío no consiste en eliminar competencias municipales, sino en coordinarlas dentro de procedimientos claros, proporcionales y previsibles. La propia ley atribuye a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la expedición de lineamientos para homologar y simplificar los trámites relacionados con infraestructura, en coordinación con la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Por: Sofía Solís y Rubén Darzee Salazar Guerra Mora
Directora de Derecho de las Telecomunicaciones
Director de Derecho Corporativo
